EE.UU. quita los derechos a quien no paga los impuestos

EE.UU. quita los derechos a quien no paga los impuestos

Más de 630 mil ciudadanos estadounidenses, que tienen impuestos sin pagar superiores a los 51 mil dólares, no podrán solicitar un pasaporte ni renovar uno ya existente, declaró el IRS que se amparará en la Ley FAST, donde se incluyó otro acápite que posibilita hasta la revocación de un pasaporte, por parte del Departamento de Estado.

EE.UU. fue el primer país a implementar está restricción a los supuestos evasores y Europa podría seguir el ejemplo en breve. Esta Ley fue aprobada en EE.UU.  en diciembre de 2015, pero, hasta el momento, las autoridades estadounidenses solo han denegado cualquier solicitud de un nuevo pasaporte a los deudores, pero no habían aplicado las otras dos variantes, es decir, la no renovación o la revocación; aunque esto pudiera cambiar para finales de este año. El IRS reconoció que el proceso de emisión de alertas al Departamento de Estado sobre los morosos en el pago de impuestos está funcionando plenamente.

La suma de la deuda de los morosos incluye el pago de intereses y penalidades, por lo que la cifra no es baja. Los únicos estadounidenses que quedan excluidos, temporalmente, de la Ley FAST son los miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran combatiendo en el extranjero; también aquellos ciudadanos que se declararon en bancarrota, viven en zonas federales de desastre o han sido víctimas de robo de identidad.

El IRS ya envió una carta a los morosos en el pago de impuestos donde les notificó que su pasaporte no será emitido, por causa de la deuda y que esto ya era conocimiento del Departamento de Estado. Esta institución retendrá la aplicación sobre los nuevos pasaportes por 90 días, tiempo en el que la persona deberá solventar totalmente su deuda o adoptar un plan de pagos que sea aprobado por el IRS. Solo así su aplicación de pasaporte será aceptada.

Según el IRS, más de 220 estadounidenses, que fueron notificados sobre la aplicación de la Ley FAST en junio, ya pagaron su deuda, por lo que el presupuesto federal recibió 11,5 millones de dólares; además, otras 1400 personas firmaron acuerdos de pago con el IRS.

Esta ley viola los derechos del ciudadano restringiéndole la libertad de movimiento aun cuando la supuesta deuda está en disputa y es, en la práctica, una condena administrativa que viola también los derechos a la defensa del ciudadano.


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